La economía social en tiempos de repliegue: una apuesta por la esperanza
La nueva Ley de Economía Social llega en un momento de retroceso político generalizado en Europa y USA. Frente al cálculo timorato, quizá sea hora de asumir que defender este modelo es, ante todo, una posición ética de transformación.
La economía social parece estar entrando en un proceso de «recesión política», con retrocesos tanto en aspectos tangibles —recortes presupuestarios en Francia, disolución de la unidad específica en el ámbito de Industria de la Comisión Europea— como en elementos más intangibles, pero no menos relevantes: desaparición progresiva de la agenda en numerosos espacios públicos, pérdida de centralidad de conceptos que orbitaban en su entorno, como la inversión responsable o el reporte no financiero, o su progresiva despolitización y reducción a meros ejercicios técnicos.
En este contexto de repliegue generalizado, resulta significativo que los avances legislativos en economía social se estén produciendo precisamente en países cuyos gobiernos se enfrentan —directa o indirectamente— a la llegada de la ultraderecha al poder. No es casual: defender la economía social es también una forma de resistencia democrática.
Por eso constituye una buena noticia la aprobación por la Cámara Baja de la Ley Integral de Impulso de la Economía Social, que viene a actualizar y reforzar la pionera ley española de 2011. La norma tiene una ambición considerable: actualiza la Ley de Cooperativas para reforzar la identidad cooperativa frente a las falsas cooperativas, reconocer la participación digital y avanzar en igualdad de género; moderniza la Ley de Empresas de Inserción desvinculando el concepto de vulnerabilidad de la persona para centrarlo en los factores externos que generan exclusión; revisa la propia Ley de Economía Social incorporando nuevas tipologías de entidades ya reconocidas a nivel europeo; e introduce mejoras fiscales, como el reconocimiento de la cooperativa de vivienda en cesión de uso como cooperativa especialmente protegida. Son cambios que reducen incertidumbre jurídica y acompañan a un sector que en España agrupa a más de 74.000 empresas y entidades, genera 2,5 millones de empleos y representa el 10% del PIB.
La ley originaria de 2011 nació en un momento de apoyo político creciente, lo que permitió alcanzar un consenso prácticamente unánime entre los grupos parlamentarios. Pero eran otros tiempos: tiempos de crisis sistémica, en los que la economía social supo brillar por su capacidad para entender y proponer. Entender y explicar los límites del pensamiento económico ortodoxo. Proponer vías para reintroducir el mercado como un ámbito subordinado a la reproducción de la vida y el cuidado, no como una supuesta ley física que constriñe lo políticamente posible y vacía de contenido la acción colectiva.
Hoy el contexto es muy distinto. La extrema derecha campa a sus anchas y el sentido común dominante pierde humanidad y empatía para ganar determinismo biológico, simplificación identitaria y un cinismo que presenta la desigualdad como algo inevitable. Confiemos en que se trate de vaivenes históricos, como ya ocurrió en el pasado, cuando a periodos de desarrollo legislativo y apoyo institucional siguieron gobiernos que, como por ejemplo el actual ejecutivo sueco, no consideran necesario desplegar políticas de apoyo a la economía social, pese a las recomendaciones explícitas del Consejo de la Unión Europea.
En este marco, el nuevo proyecto de ley ha atravesado un proceso parlamentario más convulso. A diferencia de 2011, se presentó una enmienda a la totalidad por parte de VOX, que no prosperó, y el debate estuvo marcado por una mayor polarización, con la abstención del Partido Popular en ese primer hito decisivo. El texto ha sido finalmente aprobado en el Congreso en Comisión (con los votos en contra de PP y VOX), con competencia legislativa plena, un mecanismo parlamentario que conviene explicar con claridad.
La competencia legislativa plena implica que el Congreso delega en una comisión especializada la capacidad de aprobar el texto con valor equivalente al del Pleno. Esto no es un atajo ni una anomalía: es un procedimiento previsto en el Reglamento para leyes de carácter técnico o sectorial, y supone que el texto se aprueba artículo por artículo, incorporando o rechazando enmiendas, y se remite directamente al Senado sin una votación final plenaria. En términos políticos, esta vía refleja que existe un respaldo suficiente para cerrar la fase del Congreso, aunque ya no exista el consenso amplio de otras etapas.
CEPES, la principal confederación del sector, ha valorado el texto como «un buen punto de partida», al tiempo que señala que quedan aspiraciones relevantes fuera. No se trata de cuestiones accesorias: la confederación sitúa lo pendiente en tres nudos estructurales —configuración jurídica de las entidades, Seguridad Social y régimen fiscal de las cooperativas— que determinan el grado real de consolidación del modelo. Son los mecanismos que convierten el reconocimiento político en seguridad jurídica, y la retórica institucional en viabilidad operativa. Faltaría quizás también elementos que han aparecido tiempo atrás y que reforzarían el papel de actriz política de pleno derecho a la ES, como por ejemplo su reconocimiento pleno al máximo nivel en el Diálogo Social. Dicho de otro modo: CEPES no cuestiona el avance, pero advierte del riesgo de una ley que moderniza sin terminar de blindar las condiciones de desarrollo del modelo en sus pilares más sensibles. En un contexto de menor consenso e incertidumbre institucional, esa distinción importa: la economía social necesita no solo reconocimiento, sino un marco con suficiente precisión jurídica y coherencia fiscal como para sobrevivir a los vaivenes políticos.
El paso al Senado abre ahora una fase especialmente delicada. El Partido Popular cuenta allí con una mayoría que le permitiría bloquear la norma mediante un veto o introducir enmiendas sustantivas (VOX solo cuenta con tres senadores). Aunque la posición final del PP en esta fase aún no se ha materializado formalmente, su voto en contra en el Congreso de los Diputados introduce un grado elevado de incertidumbre. A ello se suma un factor adicional: la posibilidad de una convocatoria anticipada de elecciones generales. En caso de disolución de las Cortes, el proyecto de ley decaería automáticamente si no hubiera completado su tramitación, obligando a reiniciar todo el procedimiento en la siguiente legislatura.
Es, por tanto, un momento de riesgo político real, en el que el calendario, la estrategia parlamentaria y la voluntad de no bloquear una norma sectorial pueden resultar decisivos.
Resulta además significativo que los principales ataques mediáticos a la propuesta se centren en la exclusión (plenamente coherente con la legislación de contratos públicos) de los Centros Especiales de Empleo que no están promovidos y controlados por entidades sin ánimo de lucro. Esta crítica ignora deliberadamente que dicha exclusión responde a una lógica ampliamente aceptada tanto en la literatura científica como en las prácticas internacionales: sin mecanismos efectivos que garanticen que el valor generado no puede ser apropiado de manera individual, pudiendo así ser reorientado a fines antisociales o contrarios al medio ambiente, no es posible hablar con propiedad de economía social. Decirlo alto y claro no es sectarismo, sino rigor conceptual.
El Gobierno, y en particular el Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha cumplido su función y ha empujado el procedimiento legislativo en un contexto adverso. Ahora bien, el escenario que se abre es complejo. Un análisis estrictamente utilitarista podría advertir que una ley aprobada sin el apoyo del Partido Popular corre el riesgo de convertirse en una norma «huérfana», fácilmente cuestionable o incluso revertible en un eventual gobierno de la derecha y la ultraderecha.
Sin embargo, quizá ha llegado el momento de ser coherentes con el enfoque humanista y empático que constituye la base misma de la Economía Social y Solidaria, y de renegar tanto de ese utilitarismo extremo como de un cálculo político excesivamente timorato. Quizá sea el momento de asumir que la economía social no solo va de gestionar empresas con valores o políticas públicas paliativas, sino que encarna una posición ética y política de transformación sistémica: la de quienes deciden ser actores y actrices de la esperanza, comprometidos con la construcción colectiva de un futuro que merezca la pena ser vivido.
